Erick Olivera Méndez: La Lealtad en la Abogacía

 Erick Olivera Méndez:  Dentro del ejercicio de la abogacía, sus representantes tienen acceso a múltiples normas y espacios que favorecen su actuar legal como asesores públicos o privados de toda persona que requiera una legítima defensa.

¿Hasta dónde este actuar es legal y guarda lealtad con la administración de justicia?

Considerando lo heteróclito del lenguaje y su capacidad para tomar ventaja de la flexibilidad a la que se atiene una norma, hace clara referencia a su intención de por medio de esta sanción disciplinar, prevenir y corregir el mal ejercicio de la abogacía.

Esto a favor de garantizar el cumplimiento de los fines y principios presentes en la Constitución, tratados internacionales y la ley que rodea el ejercicio de la profesión.

 Se hace mención de las faltas en particular que envuelve el actuar desleal del representante legal contra el Estado y su cliente, acciones que son consideradas bajo la forma de acción y omisión o como modalidades de la conducta sancionable, es decir que sean realizadas con culpa e intención, o bien equivalgan a un título de dolo.

Con esta normatividad se busca delimitar el accionar del profesional para evitar y castigar cualquier tipo de engaño que busque un beneficio propio y o perjurio, que damnifique o sea desleal contra el Estado, la comunidad u otros ejercientes.

Con lo anterior, el abogado no pierde ventajas para el libre ejercicio de su profesión, sino que adquiere real dominio de los límites que puede transgredir y aquellos hasta los que puede llegar.

 Otra perspectiva favorable de esta norma, es su intención de favorecer el ideal de la ley como un espacio de justicia. Si como a los ciudadanos, a los abogados hay una normatividad que les exige lineamientos específicos para su ejercicio de la abogacía, adjuntando a esta las causales para reprimir los posibles comportamientos fuera de la ley del profesional.

Se crea un manto que, a ojos del ciudadano, le brinda seguridad ante el control de la providencia sobre el buen ejercicio del derecho de defensa y las posibilidades de un resultado justo ante cualquier proceso legal.


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