El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, figura clave en la lucha contra los ciberdelitos

Es fundamental que, desde el minuto cero, junto un técnico en ciberseguridad, haya un abogado”. Con esta afirmación concluyó ayer Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y doctor en Derecho, su intervención en la presentación de su libro Delitos 2.0: Aspectos penales, procesales y de seguridad de los ciberdelitos, editado por Wolters Kluwer, que acogió la sede Uría Menéndez. Y lo hacía para reflejar la ya más que establecida realidad del cibercrimen en todos sus ángulos y que constituye uno de los desafíos centrales del derecho y de la sociedad. “Ya no va a hacer falta hablar de ciberdelitos, sino de delitos a secas”, sentenció.

En este contexto, el experto, tras hacer un minucioso recorrido por la estructura de su obra, afirmó que la importancia de la economía digital, de los robots y los datos es tal que “no podemos prescindir del Derecho”. Más aún cuando, a su juicio, actualmente el “homo digital” cuenta con nuevos derechos fundamentales del entorno digital. Por ejemplo, el de acceso a Internet y el derecho fundamental a la integridad y a la reserva de los sistemas informáticos. “El Tribunal Supremo ya lo ha ido diciendo”, afirmó.

Escarlata Gutiérrez, fiscal especializada en criminalidad informática, sobre todo de delitos contra la intimidad cometidos en las redes sociales, celebró la idea plasmada en el libro de crear una Policía Judicial dependiente del Ministerio Fiscal para combatir más eficazmente el cibercrimen, sobre todo, por las características de los delitos y la volatilidad de la prueba. Esto lo reclama dada la especialización de los fiscales en determinadas materias como la tecnológica, algo que no ocurre, por ejemplo, en los jueces. “No están especializados. Los operadores jurídicos no lo entienden bien", explicó la fiscal.